América, prohibido abortar

Siete de los nueve países del mundo que penalizan de forma absoluta la interrupción voluntaria del embarazo están en América Latina

"Aquí las mujeres pobres que abortan tienen dos opciones: arriesgarse a la cárcel o a la muerte por culpa del aborto clandestino", sentencia Women's Link Worldwide

RAFAEL J. ÁLVAREZMadrid

Las nicaragüenses, las salvadoreñas, las chilenas, las dominicanas, las hondureñas, las haitianas y las surinamesas son delincuentes si abortan. Y las peruanas, las colombianas o las argentinas de algunas provincias viven en una paradoja maligna: se salvan del juez si abortaron porque su embarazo fue el precio de una violación o porque su vida corría peligro. O sea, evitan el delito si fueron violadas o iban a morir.

Sólo las cubanas, las puertorriqueñas y las guyanesas detienen su gestación con garantías legales. Y las uruguayas y las mexicanas del Distrito Federal son las únicas que no tienen que justificar ante un tercero su decisión de abortar gracias a dos leyes de plazos, que viven como dos náufragas en medio de la durísima legislación antiabortista de América Latina.

Al otro lado del Atlántico las gestantes y pobres lo tienen mal. Porque el 98% de los países del mundo permite el aborto si la vida de la madre corre peligro, y dos tercios si la salud física o psíquica de la mujer está en riesgo. Pero de los nueve países de la Tierra queprohíben absolutamente el aborto, siete están en América Latina, según Amnistía Internacional (AI).

«A veces, las embarazadas se sienten mal, van a la letrina y sufren un aborto espontáneo. La Policía encuentra a los fetos en las letrinas y los usa como prueba para acusar a las mujeres deinfanticidio, lo que les puede acarrear hasta 40 años de cárcel. Las mujeres pobres que abortan tienen dos opciones: arriesgarse a la cárcel o a la muerte». Es El Salvador y el puñado de países que palpa la colombiana Mónica Roa cada vez que hurga en las condiciones de las mujeres invisibles de su contintente.

Roa es la vicepresidenta de Women's Link Worldwide, una organización de defensa de los Derechos Humanos especializada en litigar en los Parlamentos de medio mundo para lograr avances legislativos en igualdad de género. En 2006 ganó una demanda para que Las Cortes de Colombia reconocieran como derecho al menos el aborto terapéutico. «La tendencia en América Latina es legalizar el aborto terapéutico en la línea de la ley española del 85, la despenalización en algunos supuestos».

Roa cuenta que el lunes el Congreso de Perú discutió la despenalización por violación, un supuesto que es delictivo en un país que sólo evita a la mujer la detención y el juicio si la interrupción del embarazo era la única solución para evitar su muerte. «El presidente de República Dominicana ha vetado la penalización total del aborto, incluida en el Código Penal el año pasado, porque opina que es una violación de los derechos de las mujeres. Ha pedido la despenalización en varios supuestos, el Parlamento lo ha aceptado y ahora el Constitucional está estudiando esa despenalización parcial. Y en Chile el Congreso está empezando a discutir algo parecido», dice Roa.

Mientras, las mujeres se topan con los uniformes o las togas si, en otra jugarreta contradictoria de la vida, deciden abortar o abortan sin decidirlo; el aborto espontáneo.

Y es que muchas de las interrupciones del embarazo en, por ejemplo El Salvador, tienen que ver con una previa atención médica directamente inexistente. «Más del 50% de los abortos se produce porque las mujeres no tienen asistencia prenatal, experimentan complicaciones en sus embarazos y sufren un aborto espontáneo, lo que no les evita las acusaciones de homicidio», alerta Roa.

Esa insalud causada por los agujeros del sistema es la que se ha llevado a un grupo de embarazadas, que ha muerto por deshidratación y desnutrición en la Guajira colombiana.

«Hay un discurso hipócrita: se dice que hay que proteger la vida y no hay políticas de protección para las embarazadas. Ni, por supuesto, para las mujeres que abortan, porque no existe el aborto seguro, ni legal», sostiene la vicepresidenta de Women's Link Worldwide. «Si las élites hubieran tenido que pagar con cárcel sus abortos, las leyes en América Latina serían distintas. Las ricasabortan fuera o se pagan un médico privado que no abre la boca. Las pobres aguantan un embarazo indeseado o se juegan la vida y la cárcel en un aborto clandestino».

O sea, como recuenta la OMS, 3,7 millones de abortos inseguros  cada año, que causan un 17% de mujeres muertas y generan heridas de salud a casi la mitad de las sobrevivientes.